El Gobierno de Rajoy entorpece los matrimonios en los consulados españoles

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José Manuel García-Margallo

Más que le pese a la alcaldesa de la diputada popular Esperanza Oña, el Partido Popular tiene muy claro que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Al margen del vergonzoso recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, y por el silencio de Mariano Rajoy al respecto, ahora han mostrado claramente que están dispuestos a torpedear el desarrollo del matrimonio para todos.

En teoría, y si me equivoco, que me corrija algún lector más informado, en el territorio de la embajada están vigentes las leyes del estado al que representa. Pero ahora, el gobierno del Partido Popular ha decidido entorpecer la celebración de bodas en los consulados españoles situados en los países en los que el matrimonio no esté legalizado.

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo titular es José Manuel García-Margallo, ha advertido que los matrimonios celebrados mediante Registro Civil Consular tan solo se puede efectuar si uno de los contrayentes es español, y siempre que el país en el que está ubicado el consulado acepte los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con esta medida, únicamente los consulados de once países y algunos estados de México y Estados Unidos podrán seguir celebrando bodas para cualquier ciudadano español sin distinción de su orientación sexual.

En el resto de países, los funcionarios del consulado correspondiente podrán rechazar la celebración del enlace, ‘gracias‘ a un convenio firmado a comienzos de los años 60. En concreto, el Ministerio de Exteriores quiere que el personal de nuestros consulados se acoja al Convenio de Viena, un convenio que tiene casi 50 años y que regula este tipo de situaciones, permitiendo a los funcionarios negarse a celebrar enlaces si éstos no son legales en el país en el que se ubica el consulado y sin que queden vulnerados los derechos de sus conciudadanos.

Vamos, otra piedrecita más en el camino de la igualdad que demuestra la falta de interés del Gobierno presidido por Mariano Rajoy por respetar los derechos de todos los ciudadanos.

Vía l Cascara Amarga

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