De una forma contundente y mayoritaria, “gracias” al apoyo de 24 de los 25 miembros del Congreso local, Yucatán ha aprobado una ley que eleva a rango constitucional el matrimonio heterosexual y que impide el matrimonio gay.

La nueva ley surgió tras la iniciativa popular presentada por la Red Pro Yucatán, una red formada por grupos conservadores que pretendía prohibir el matrimonio gay y la adopción de niños por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo.

En concreto, los legisladores han modificado el artículo 94 de la Constitución de Yucatán, “aclarando” que el matrimonio sólo estará conformado por un hombre y por una mujer.

Evidentemente, tras la sesión, los miembros de la Red Pro Yucatán, impulsora de la medida, se sentían exultantes, afirmando que “es un triunfo de la sociedad que quiere preservar los valores familiares, la moral y las buenas costumbres”.

Y lo peor, no es eso, ya que desde sectores ultraconservadores como este, no puedes esperar otra cosa.

Lo peor es que los políticos traten de hacernos comulgar con ruedas de molino, tratando de disimular su voto con justificiaciones que son más que penosas.

Este es el caso de una diputada llamada Patricia Gambia Wong. La susodicha ha afirmado que “en ningún momento se trata de discriminar a personas de otra preferencia sexual, pero todavía no hay condiciones adecuadas en la entidad y en la sociedad yucateca para permitir enlaces entre gente del mismo sexo”.

Fuera del Congreso, colectivos LGBT se manifestaron contra la prohibición del matrimonio gay, y calificaron la reforma como de “retrógrada”.

Además, anunciaron que piensan denunciar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de México.

Esperemos que tengan suerte.

Vía I Anodis