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El pasado lunes, matrimonios gay y otras parejas del mismo sexo, entregaron en el Tribunal Constitucional una carta en la que piden que este se pronuncie de una vez sobre la constitucionalidad o no de la ley que garantiza de momento el Matrimonio Gay en España, desde que esta fuese publicada el 2 de Julio de 2005 tras haber sido modificado el código civil el 30 de Junio anterior, según lo ha anunciado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Junto a dicha carta, se entregó un informe escrito con la colaboración de constitucionalistas y juristas titulado ‘Perspectivas ante el Recurso de inconstitucionalidad contra el derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo’.

El objetivo, según la FELGTB, es que el ‘TC se pronuncie sobre la constitucionalidad del “matrimonio igualitario” y “obligue así al PP a aceptar que cualquier modificación de la actual ley sería ideológica”.

Miles de familias legalmente constituidas, muchas de ellas con hijos y alrededor del 70 por ciento de la población española que aprueba sin fisuras en este momento de nuestra historia la realidad de Nuestro Matrimonio, están pendientes de que la, lenta hasta la agonía, burocracia del tribunal que dice si sí o no tal o cual cosa es acorde a lo que Nuestra Carta Magna sentencia, decida si el Matrimonio es un derecho común de todos los españoles o sólo privilegio de unos pocos.

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Está fuera de duda que nuestro país se ha convertido en un referente y en ejemplo a seguir en todo el mundo en materia de derechos LGBT, especialmente desde que se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo allá por el año 2005.

En estos días, esta situación se ha vuelto a ver refrendada por la Conferencia sobre la situación de las parejas homosexuales en la Unión Europea que ha colocado a España como país de referencia en materia de derechos LGBT.

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Hay noticias que son como un déjà vu. Cambian el lugar, la fecha, los protagonistas, pero las circunstancias son las mismas. En Madrid, la misma ciudad tolerante en la que a principios de julio cientos de miles de personas disfrutan del Orgullo Gay, y que es capital de uno de los pocos países del mundo en los que está aprobado el matrimonio gay, ha vuelto a repetirse la agresión a una pareja gay que comía en un restaurante por darse un beso, demostrando que los intolerantes, aunque sean minoría, siguen ahí esperando la oportunidad de hacerse notar.

En el pasado 2008, ya sucedió algo similar en Casa Parrondo. En esta ocasión, los hechos ha sucedido en un restaurante de la calle Lope de Vega, en el Terra Mundi. La pareja gay estaba comiendo en dicho establecimiento, y en un gesto de lo más normal en cualquier pareja de enamorados, se dieron un beso.

Pero esa simple demostración de cariño no debió gustarle demasiado a un tipo de 53 años que también estaba comiendo en el restaurante junto a su mujer, ya que se puso a gritar a la pareja gay, a la par que les arrojaba un par de objetos.

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Las cosas, pese a los sectores más recaltrizantes de nuestra sociedad, van razonablemente bien. Desde que se aprobó el matrimonio en el 2005, las cifras de aceptación de este derecho fundamental para cualquier ciudadano no han parado de crecer en nuestro país.

La última confirmación proviene de un estudio sobre “Jóvenes y diversidad sexual”, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que confirma que la mayoría de los jóvenes españoles apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y además, lo hacen por una abultada mayoría, ya que el 77% de los encuestados apoyan este tipo de uniones.

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Por más que algunos quieran negarlo, los hechos son contundentes, y la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país es una realidad aceptada más que aceptada por buena parte de la sociedad. Según datos dados a conocer por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, más de 23.000 parejas gays han contraído matrimomonio desde que se legalizó en el 2005.

La cifra ha sido elaborada por la FELGTB sumando los matrimonios contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes de los registros informatizados, junto a los procededentes de registros no informatizados y juzgados de paz.

Además, las cifras se incrementan año a año, tras el boom inicial. Así, según el INE, durante el pasado 2010 se celebraron en España 3.583 matrimonios entre personas del mismo sexo, aumentando con respecto a las cofras del 2009, cuando los enlaces apenas superaron los 3.000 matrimonios.

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La falta de entendimiento y el caos en este país van en aumento día a día. Si PP y PSOE no son capaces de ponerse de acuerdo en leyes básicas, ni en tomar medidas para sacar al país de una puñetera vez de la crisis económica, lo del culebrón del Tribunal Constitucional ya pasa de castaño oscuro.

El Tribunal Constitucional es en teoría el órgano judicial que debe garantizar la Constitución, como su nombre bien indica. Y entre sus deberes, está el resolver los recursos que se presentan contra leyes aprobadas por el Parlamento en caso de que alguien piense que sean inconstitucionales, como es el caso de los recursos contra el matrimonio homosexual, el aborto, o la legalización de Sortu. Casos que en su mayor parte llevan años esperando a una resolución, y que de momento deberán seguir esperando, tras la dimisión del vicepresidente del Constitucional, Eugeni Gay, y de los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez en protesta por la parálisis del Tribunal.

¿El motivo de su dimisión? Que sus mandatos expiraron hace ya bastante tiempo, y ni socialistas ni populares se han puesto de acuerdo para renovar a los magitrados de un órgano que pierde credibilidad día a día, mientras cientos de miles de personas seguimos esperando a que se solucione de una vez por todas el recurso de inconstitucionalidad del matrimonio gay presentado por el PP hace ya unos cuantos años.

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Siempre he pensado que las palomas son las ratas del aire. Las palomas son animales desagradables que no respetan nada, se cagan en todo, comen basura y no se apartan de tu camino. Te tienes que apartar tú del tuyo. Las gaviotas son las palomas del mar. Nadie tiene de mascota una gaviota. ¿O sí?

Hoy, como (casi) cada mediodía desde que anunció que se casaba, mi amiga Laia y yo hemos hablado por teléfono. Por una vez desde hace semanas no hemos hablado de Japón, ni de hombres (en mi caso), ni de ‘Alaska yMario’, ni tampoco del fin del mundo… o bueno, igual sí. Hemos hablado de política.

Laia, que me conoce muy bien, sabía exactamente que frase le iba yo a soltar antes de que tomara forma en mi cabeza. Lo cual no ha impedido que yo la dijera y que ella la desaprobara.

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Hace unas pocas semanas se cumplían cinco años desde que el Partido Popular presentó un vergonzoso recurso de inconstitucionalidad contra la legalización del matrimonio gay en España. Cinco años en los que se han celebrado cientos de bodas y en los que la sociedad española ha aceptado casi plenamente este tipo de enlaces con absoluta normalidad, más allá de las excepciones de la derecha más reaccionaria del país.

Cinco años en los que ha dado tiempo de comprobar que la familia tradicional no se ha roto, y que la farsa de mentiras lanzadas desde la derecha eran eso, mentiras que han quedado varadas en el discurrir del tiempo, entre las posturas retrógradas de los dirigentes del Partido Popular y la inacción, no menos vergonzosa, del Tribunal Constitucional.

Por eso, es de agradecer en este ambiente de parálisis, el artículo que han escrito el magistrado Fernando Grande Marlaska y la profesora y doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Marta del Pozo para el diario El País para defender la constitucionalidad de los matrimonios gays. Dos figuras respetadas y de peso que dan sus razones para solucionar de una vez por todas este entuerto que forzó el PP y que jamás debería haberse planteado.

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Por fin se pone el punto y final a esta rocambolesca historia, y además, con un resultado que pone las cosas en su sitio y hace que muchos recuperemos la confianza en la Justicia. Después de que el pasado 24 de septiembre un jurado popular declarara culpable a Jacobo Piñeiro de asesinar a dos gays en Vigo en el año 2006, el juez ha condenado a este asesino a una pena de 58 de prisión.

Así, Jacobo Piñeiro suma 20 años de prisión por cada asesinato, junto a otros 18 años por incendiar la vivienda en la que cometió los crímenes. Aún así, el condenado no podrá pasar en prisión más de 25 años, periodo de tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la pena.

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