Estados Unidos tiene una legislación sobre donaciones que deja poco lugar para la hipocresía puesto que todo el dinero donado a campañas políticas queda registrado y es de dominio público –además también desgrava-.
Los que pusieron el dinero para pagar la campaña en contra del matrimonio gay en California – Proposición 8 – pidieron que en esta ocasión se mantuviera el anonimato para evitar represalias, pero para los norteamericanos este es un principio importante para sustentar la democracia y la libertad, así pues, el Tribunal Supremo falló hace un mes a favor de que se hicieran públicos los datos y hace tan solo un rato tanto el LA Times como el SF Gate han publicado sendas listas en las que se pueden buscar los donantes a ambos bandos.
Las listas parece que no están completas del todo puesto que falta la recaudación hecha en algunas fiestas pero se puede encontrar a la gente por su nombre y apellido, población, código postal e incluso por su puesto de trabajo.
Tratándose de algo tan delicado como la eliminación de un derecho básico a una minoría se espera que haya cierto revuelo –es fácil buscar a vecinos y amigos- y ya se pueden leer las opiniones de gente decepcionada en lugares como Twitter.
No sé como las nueve personas que donaron en contra del matrimonio gay en el barrio de Castro en San Francisco –el barrio gay de la ciudad- podrán seguir mirando a la cara a sus vecinos gays. Sólo espero que no se vuelvan a repetir los disturbios que vimos después de la votación.
Vía | The Advocate
En Ambiente G | La Corte Suprema de California dice SI a la Proposición 8. Somos ciudadanos de segunda
Tal y como estan los ánimos no me extrañaría que hubiera más de un altercado.
Pues Susana, yo esperaría que se vuelvan a presentar disturbios o algún tipo de manifestación de no conformidad. La lucha contra la proposición 8 ya se perdió -por ahora- en términos legales. Si los heterosexuales no están dispuestos a aceptar la normalización y la igualdad de derechos con los homosexuales, entonces la sociedad, en su conjunto, deberá pagar por lo que significa mantener a un grupo poblacional subyugado y maltratado en tanto que ciudadanos de última categoría. No estoy justificando la violencia, pero estoy diciendo que no siempre las acciones pacificas, reflexionadas y establecidas por los canales regulares alcanzan a lograr la justicia y la equidad.