Ayer os contábamos con asombro e indignación cómo un autobús con un mensaje transfóboco estaba recorriendo los colegios de Madrid. Detrás del mismo está HazteOir, la organización ultraderechista y ultracatólica que no pierde ocasión de atacar al colectivo LGBTI.
Las reacciones de indignación coparon las redes sociales durante toda la tarde y noche y una de las preguntas que ronda por la cabeza de muchos es cómo es posible que un bus así, que claramente infringe la ley contra la LGTBFobia de la Comunidad de Madrid, ha podido siquiera poner una rueda en la carretera. Pues quizás tengamos que mirar al año 2013, y al Partido Popular, para encontrar una explicación.
Resulta que HazteOir goza de “exenciones y beneficios fiscales” así como “asistencia jurídica gratuita”, entre otras cosas. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque, en 2013, el gobierno de España, del Partido Popular, de la mano del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, firmó en el BOE la disposición por la que declaró a HAzteOir “entidad de utilidad pública”.
Lo que nos sorprende es que HazteOir goce de esta distinción porque, para conseguirlo, una entidad debe cumplir ciertos requisitos, como que “sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza“. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo veo que, claramente, HazteOir no merece esa distinción y, por tanto, ninguno de los benficios fiscales o jurídicos que con ello están obteniendo del gobierno español desde 2013.
Por ello, desde AmbienteG, exigimos al gobierno, y a todos los grupos políticos que hoy tienen representación en el Congreso, que pongan en marcha las vías necesarias para quitar a HazteOir esta distinción. Mientras no lo hagan, serán cómplices de sus mensajes de odio y discriminación.
De momento, nos alegra saber que Arcopoli ya ha presentado una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Además, Cristina Cifuentes, presidenta del Gobierno regional, lo ha trasladado ya a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid al considero “completamente impresentable”, al tiempo que ha pedido a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve a la Fiscalía.
La caza de brujas continúa.
Ya está el representante y defensor aquí de Hazte Oir, el brazo político de la secta ultracatólica destructiva y tiránica “El Yunque”.