Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles una ley de igualdad de las personas LGTBI, que prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual y prevé multas de hasta 120.000 euros en caso de infracción muy grave, como realizar o difundir de esas terapias.
La ley valenciana para la Igualdad de personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales ha quedado aprobada con el apoyo de PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podem y la abstención del PP. Una vez más, el Partido Popular evita apoyar de forma explícita al colectivo LGTBI. Su diputada Blanca Garrigues ha indicado que la postura de su grupo es una “abstención muy positiva”, porque aunque no es la ley que habría hecho su partido, son más las cosas que les unen que las que les separan, y no se oponen a una norma que “debería unir a toda la sociedad y aunar todas las sensibilidades”.
El objetivo de esta ley es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, y es la primera norma española que dedica un capítulo entero a reconocer la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.
La norma aprobada en Valencia es similar a la que está encallada en el Congreso de los Diputados. La propuesta, presentada por Podemos y tomada en consideración hace más de un año, también recoge la prohibición expresa de las terapias que pretenden revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona, aún con el consentimiento de la misma o de sus representantes legales.
La ley crea el Espacio de la Memoria LGTBI, que albergará documentos relacionados con la represión que ha vivido este colectivo y recordará a las personas LGTBI que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas; y el Consejo Valenciano LGTBI, un órgano consultivo que velará por el cumplimiento de esta norma.
Además, establece que los cuerpos policiales de los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un grupo especializado en la prevención de delitos de odio, y en el ámbito sanitario garantizará el acceso de estas personas a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública en condiciones de igualdad.
Excelente inicio